La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó este lunes que el congelamiento de las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, realizado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fue aplicado de manera preventiva y no como resultado de una investigación directa en su contra.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que la medida responde a protocolos financieros y a disposiciones de cooperación bancaria internacional, luego de las acusaciones emitidas por autoridades de Estados Unidos contra Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses por presuntos vínculos con el crimen organizado.
La mandataria federal aclaró que la UIF actúa como un órgano técnico y que, ante posibles irregularidades o alertas financieras, puede ordenar bloqueos temporales de cuentas mientras se revisa la información correspondiente. Asimismo, indicó que solicitará a la dependencia un informe detallado sobre el caso.
Desde la semana pasada comenzaron a circular reportes sobre el presunto congelamiento de cuentas de Rocha Moya, del senador morenista Enrique Inzunza y de otros funcionarios señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
No obstante, Sheinbaum subrayó que hasta el momento no existe una investigación formal abierta en México contra Rocha Moya y reiteró que su gobierno no protegerá a ninguna persona involucrada en actividades ilícitas, aunque insistió en que las acusaciones deben estar sustentadas con pruebas.
¿Cuál es la postura de la UIF?
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que realizó adiciones preventivas a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), derivadas de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano tras señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos.
De acuerdo con la dependencia, las alertas fueron generadas por bancos mexicanos que mantienen relaciones de corresponsalía con entidades financieras estadunidenses, principalmente respecto a clientes catalogados como Personas Políticamente Expuestas (PEP).
La UIF explicó que la inmovilización de cuentas se efectuó como una medida administrativa preventiva para proteger la integridad del sistema financiero nacional y aclaró que estas acciones no representan una resolución definitiva ni acreditan responsabilidad alguna.
Asimismo, señaló que las personas incluidas en la LPB cuentan con garantías legales y recursos administrativos y jurisdiccionales para ejercer su derecho de audiencia y defensa.
Po último, la dependencia indicó que continúa analizando información y documentación relacionada con las personas incluidas en la lista, bajo criterios técnicos e institucionales establecidos.