Rocío Nahle vuelve a encender la molestia social al anunciar que todos los vehículos deberán ser reemplacados, una medida que huele más a recaudación forzada que a política pública. En la calle ya no se interpreta como ordenamiento, sino como un negocio redondo que carga el costo a los ciudadanos, mientras el gobierno aprieta sin explicar beneficios reales ni destino claro de los recursos.
El enojo crece porque el anuncio llega en un contexto de obras inexistentes, servicios colapsados y abandono visible. No hay carreteras dignas, no hay infraestructura nueva, no hay resultados que justifiquen otro golpe al bolsillo. La percepción ciudadana es lapidaria: se exige cumplir, pagar y renovar, pero no se gobierna ni se invierte. Así, la medida no se ve como solución, sino como otro cobro más en un estado donde el progreso sigue sin aparecer.